El Informe Final del Observatorio Electoral Judicial (OEJ) presentado en julio de 2025 ofreció una evaluación exhaustiva del Proceso Electoral Judicial 2024–2025, el primero en que la ciudadanía mexicana eligió directamente a personas juzgadoras, magistraturas, ministras y ministros. Lejos de significar un avance democrático, como se señaló en el OEJ, el proceso electoral careció de integridad y significó un retroceso institucional que vulneró los principios de certeza, legalidad, equidad y libertad del sufragio, además de un serio debilitamiento del Poderes Judiciales como contrapeso. A ello se suma ahora la reforma al amparo.
Desde su concepción, el proceso electoral de la judicatura mostró una deficiente planeación, comenzó sin piso técnico, certeza jurídica ni legislación secundaria, dejando al Instituto Nacional Electoral (INE) sin un marco normativo claro y
obligándolo a improvisar reglas sobre la marcha. Esta prisa, combinada con recortes presupuestales del 45%, afectaron la organización técnica, la capacitación del personal y la difusión pública del proceso, minando la transparencia desde el inicio. A nivel estatal la situación fue más crítica, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) padecieron recortes similares,
con estados como Colima y San Luis Potosí operando con hasta 60% menos respecto de los recursos solicitados.
En los días posteriores a la jornada electoral se observaron numerosas problemáticas que se advirtieron desde las etapas previas a la elección las cuales fueron documentadas por el Observatorio Electoral Judicial. Entre ellas, la prisa constante de las autoridades electorales, la violación sistemática de plazos constitucionales, la falta de transparencia y apertura en diversos procesos y nombramientos, la falta de publicidad de las decisiones, y particularmente grave: la alteración de la voluntad popular por parte del Orgáno de Administración Judicial (OAJ) en la definición de las adscripciones de las personas electas para cargos judiciales.
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