Austeridad con costodemocrático: Riesgos estructuralespara la integridad electoralen el Plan B

Presentamos este nuevo informe con el análisis de la propuesta dereforma constitucional electoral que envió la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado 17 de marzo de 2026. Esta es una reforma que pierde fuerza frente a los intentos previos de cambios electorales que no han alcanzado el consenso necesario mínimo para lograr la mayoría calificada. Es importante recordar que todas las reformas electorales sustantivas de 1977, 1994, 1996, 2007 y 2014 han sido resultado de amplios consensos entre las fuerzas políticas del país; normalmente impulsadas desde la oposición para conseguir equilibrios políticos y contrapesos institucionales en el diseño de nuestros sistemas electoral y político.

En este caso, la propuesta viene desde el poder Ejecutivo sin un consenso claro con la coalición oficialista (MORENA, PVEM y PT) en la versión del 4 de marzo y con un consenso apenas mayor, al menos anunciado en eventos públicos partidistas, con esta nueva propuesta del 17 de marzo, y que por declaraciones públicas sabemos que todavía no es seguro. La lógica de consenso plural con las otras fuerzas políticas se ha roto de manera progresiva desde 2022 y hoy parece que, por la vía de la mayoría legislativa, se podría imponer una visión unilateral de cómo deben organizarse las elecciones y los procesos de democracia directa en México

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