Este informe del Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) analiza, desde una perspectiva de integridad electoral, los ejes centrales de la reforma constitucional presentada por el Ejecutivo Federal el 4 de marzo de 2026. El punto de partida es una convicción básica: cualquier modificación a las reglas del juego democrático debe ser sometida al más amplio diálogo público y a estándares de integridad electoral que desde OPINE y el Acuerdo Nacional de Integridad Electoral hemos definido como procesos equitativos y libres de corrupción y manipulación que aseguren que los resultados reflejen la auténtica voluntad del pueblo. En otras palabras, que se busque que las elecciones sean apegadas a los principios democráticos, que respeten plenamente los derechos políticos y electorales y que sean legítimas y creíbles.
El hilo conductor del análisis es el principio de progresividad, que la Constitución recoge en su artículo 1 y que impone a las autoridades una doble obligación: ampliar la protección de los derechos humanos y no dar marcha atrás, sin justificación suficiente, en los niveles de certeza y equidad que el sistema ya ha alcanzado. Desde ese ángulo, analizamos la iniciativa presidencial no solo en lo que dice literalmente, sino en lo que implica para el funcionamiento real de las instituciones.