Este informe cierra la crónica del ciclo reformista electoral más intenso de los años recientes en México, desde la instalación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral en agosto de 2025 hasta los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2026. El documento muestra que lo presentado como una transformación histórica fue, en los hechos, un resultado más discreto: la iniciativa original (Plan A), que contemplaba cambios de fondo en representación proporcional, límites a la sobrerrepresentación y financiamiento partidista, cayó en la negociación cuando el PT y el PVEM se opusieron a eliminar las listas cerradas. En su lugar se aprobó un Plan B «descafeinado», publicado el 23 de abril de 2026, que conservó las medidas populares de austeridad y ética pública pero dejó intactos los vacíos estructurales que más importan, llevando al sistema a las elecciones intermedias de 2027 con las mismas reglas de fondo.
En paralelo, el informe ofrece un diagnóstico crítico de la primera elección judicial de 2025 —con fallas operativas, caída en la emisión de sentencias de la SCJN y problemas de idoneidad de las candidaturas— y documenta las reformas del periodo extraordinario de mayo-junio de 2026, que trasladaron la elección judicial a 2028 para evitar el colapso logístico. Sin embargo, el OPINE advierte que estos ajustes resuelven urgencias instrumentales sin atender los problemas estructurales: persisten las dudas sobre la independencia de los árbitros electorales, agravadas por la posibilidad de que cuatro magistraturas de la Sala Superior del TEPJF se reelijan y acumulen hasta 17 años en el cargo, y por una causal de nulidad por intervención extranjera que quedó vigente pero sin legislación secundaria que la haga ejecutable. La conclusión central es que el ciclo cambió algunas reglas de forma sin resolver el fondo, y que la integridad electoral enfrenta una crisis de legitimidad que ningún decreto puede resolver por sí solo.