Desde el Observatorio Permanente de Integridad Electoral hemos hecho un incesante llamado a las autoridades encargadas de evitar la concurrencia de elecciones y procesos con necesidades y condiciones diferentes. Nuestra primer gran preocupación es la concurrencia que se prevé para las elecciones de 2027 en las que se presume la realización de los procesos políticos intermedios del congreso federal, gubernaturas y diferentes cargos locales y municipales, con la de la otra mitad de cargos judiciales federales -aproximadamente 800- y dos tercios de los estatales – más de 3,000 personas juzgadoras-. La concurrencia no es la solución a los problemas de organización del sistema electoral, por el contrario, puede abrir la puerta a vulneraciones a la integridad electoral.
La autoridad electoral se ha visto sistemáticamente afectada por fuertes recortes presupuestales en los últimos años, incluyendo el presupuesto para 2026, que han impactado de manera directa la realización de procesos electorales políticos pero también los judiciales de 2025 y demás procesos de democracia directa. Ha sido evidente la incapacidad logística y presupuestaria a la que se ha sometido a la autoridad electoral y los resultados han sido procesos en condiciones anormales y con fuertes irregularidades.
En medio de esta posible propuesta que se plantea desde la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, llama la atención el interés por incluir en medio de un proceso ya fuertemente concurrido como el de 2027, un posible proceso de revocación de mandato. La consecuencia será una sobrecarga excesiva no solo a la autoridad sino a la misma ciudadanía, que ya se encontró con fuertes problemáticas para familiarizarse con la cantidad de cargos y candidaturas en las elecciones judiciales.
Por otro lado, y como hemos encontrado desde proyectos de observación anteriores, como la pasada elección judicial, podría darse una consecuencia no deseada de posible intervención de personas servidoras y recursos públicos en los múltiples procesos concurrentes lo cual es contrario a la integridad electoral. Ignorar esta posibilidad abre la puerta a nuevas y graves irregularidades posibles en las elecciones de 2027.
Por lo anterior, desde el OPINE solicitamos un análisis en conjunto con las autoridades electorales, en el que se evalúen soluciones alternativas a la alternancia y que atiendan directamente a las necesidades del sistema electoral. La integridad electoral no puede seguirse desmoronando proceso electoral tras proceso electoral.
Descarga el comunicado en PDF aquí.